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Piratas y corsarios: malos tiempos para los internautas

Lunes 13 de abril de 2009, por Javier

El nombramiento de Ángeles González-Sinde como nueva ministra de Cultura no pinta bien para los (legítimos) usuarios de Internet. La nueva ministra se ha posicionado dentro del “sector duro” contrario al libre intercambio digital de datos. Porque una cosa es impedir la piratería y otra bien distinta hacer pagar a justos por pecadores.

Hablar de política no es asunto sencillo, sino todo lo contrario. Al margen de las propias opiniones personales, que cada uno tendrá la suya, lo cierto es los nuevos nombramientos del gobierno, no apuntan como favorables para la comunidad de internautas, sino más bien lo contrario. Y todo por lo que, personalmente considero un enfoque erróneo, o más bien una cadena de errores.

Líbreme Dios de posicionarme como favorable a las copias piratas, el robo de propiedad intelectual y el aprovechamiento del trabajo ajeno para lucrarse, sino más bien al contrario. Pero las últimas medidas en este sentido buscan culpabilizar a cualquier internauta, o comprador de material electrónico imponiendo unas tasas generales en beneficio de unos pocos. Y ello supone igualar por el mismo rasero a todos: piratas y legales.

Me parece indigno que para “compensar” las copias piratas se otorgue patente de corso a ciertas entidades particulares para cobrar a todo usuario de ciertos elementos digitales. Malo es que se incumpla el derecho básico de suponer como inocente a cualquier ciudadano hasta que se demuestre lo contrario. Las normas relativas al canon vulneran esta norma elemental de un estado de derecho moderno al dar por supuesto que un CD, una tarjeta de memoria, una conexión de Internet o una impresora o copiadora tienen básicamente un uso ilegal contra la propiedad intelectual.

Cada que hago una copia de seguridad de mi disco duro (con sus programas legales y los contenidos personales realizados con mi propio trabajo), pago un canon. Y lo mismo por la tarjeta de memoria que uso en mi cámara digital. Y si fotocopio mi DNI para presentarlo en algún trámite oficial (afortunadamente, cada vez menos), también. Lo mismo que cuando llevo un archivo o unas fotos en una memoria electrónica ¿Quién se lucra de “mis contenidos”? y sobre todo ¿porqué?

Y peor todavía es que las entidades públicas se encarguen de recaudar a favor de dichas entidades. ¿Lo hacen de forma gratuita o pasan un cargo por la gestión? Porque en todo esto del canon, lo único claro es quién paga, pero mucho menos quién se reparte ese dinero.

Una buena parte del problema proviene de que los sectores relacionados con los contenidos no han sabido, o querido, adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos y se han visto desbordados. Será que resulta más sencillo hacer pagar a todos que buscar a los verdaderos culpables.

Internet como medio de comunicación es una gran herramienta. Y más en tiempo de crisis. Pero mientras por una parte desde el ministerio de Industria se favorece el uso de las nuevas tecnologías, desde Cultura se intenta entorpecer su empleo. Y en medio, los operadores de telefonía y comunicaciones sacando tajada del intercambio de datos digitales.



 
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